Santo Domingo Este.- Los motoconchistas de Santo Domingo Este se sienten estafados y robados por la Alcaldía, liderada por el alcalde Dío Astacio, tras el colapso de su sistema de registro basado en códigos QR. Promocionado como una solución para formalizar el sector y mejorar la seguridad ciudadana, este proyecto se suma a una serie de iniciativas fallidas de la actual administración, dejando a los trabajadores del transporte informal indignados y a los ciudadanos sin los beneficios prometidos. La opacidad, la improvisación y un evidente afán recaudatorio han convertido esta medida en un símbolo de decepción en el municipio más poblado del país.
Un Sistema de Registro Inútil
El 13 de enero de 2025, la Alcaldía de Santo Domingo Este (ASDE) lanzó un plan para registrar a los motoconchistas mediante chalecos con códigos QR, placas para motocicletas y carnés de identificación. La iniciativa, que cobraba 1,000 pesos por registro (con exenciones para aquellos inscritos en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre – INTRANT), prometía identificar a los conductores legítimos, reducir la delincuencia asociada a falsos motoconchos y ofrecer un seguro de vida y fúnebre financiado por el gobierno. Sin embargo, a pocos meses de su implementación, el sistema ha resultado ser un completo fiasco.
Los códigos QR, que debían dirigir a una base de datos con información de los conductores, llevan a páginas web inexistentes o genéricas sin conexión alguna con un sistema de registro funcional. Los motoconchistas, que pagaron con la esperanza de obtener formalización y beneficios, no han recibido el seguro prometido ni mejoras en su seguridad laboral. “Nos sentimos robados, pagamos por algo que no sirve para nada”, expresó un conductor de Los Tres Brazos, reflejando la frustración generalizada. La Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamoto) ha denunciado la situación, calificándola como una estafa que ha afectado a cientos de trabajadores.
Un Proyecto Ilegal y Cuestionado desde el Inicio
El sistema de registro fue criticado desde su concepción por intentar usurpar las funciones del INTRANT, la entidad estatal encargada de regular el transporte, incluidas las mototaxis, según la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Las alcaldías no tienen autoridad para imponer registros ni cobrar tarifas por el derecho a trabajar en un municipio, lo que llevó a acusaciones de que la medida era una extorsión disfrazada de política pública. A pesar de estas críticas, la Alcaldía procedió con el cobro, justificándolo como un “derecho a trabajar” en Santo Domingo Este.
La opacidad en torno al sistema ha alimentado aún más las sospechas. No se sabe quién desarrolló el sistema, cómo se llama, ni cómo se gestionan los datos de los conductores registrados. Esta falta de transparencia, característica de la administración de Astacio, ha reforzado la percepción de que el proyecto no buscaba mejorar la seguridad, sino generar ingresos en un contexto de crisis financiera municipal.
Una Mentira al Presidente Abinader
El escándalo se agravó cuando Dío Astacio, durante una aparición en “La Semanal” con el presidente Luis Abinader, afirmó que el sistema de registro estaba en marcha y que, por 1,000 pesos, los motoconchos serían registrados y recibirían un seguro de vida. Esta declaración, que buscaba proyectar una imagen de gestión eficiente, resultó ser una mentira descarada. Los conductores no han recibido ningún seguro, y el sistema de códigos QR ha demostrado ser inoperante. La promesa de Astacio no solo engañó al presidente y a la ciudadanía, sino que también intensificó la sensación de estafa entre los motoconchistas, quienes confiaron en un compromiso que nunca se materializó.
Un Patrón de Fracasos en la Gestión de Astacio
El fallido sistema de registro de motoconchos no es un caso aislado. Todas las iniciativas emblemáticas de la administración de Dío Astacio han resultado en rotundos fracasos, marcadas por la improvisación y la falta de resultados. Desde la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género, que no ha logrado frenar el aumento de la delincuencia en barrios como Los Frailes y La Puya, hasta la autorización de 280 millones de pesos para supuestas medidas de seguridad sin rendición de cuentas, la gestión de Astacio ha estado plagada de promesas vacías. La percepción ciudadana es clara: la Alcaldía prioriza proyectos mediáticos sobre soluciones efectivas, dejando a los munícipes y trabajadores como los motoconchos en un estado de abandono.
El sistema de registro de motoconchos se suma a esta lista de fiascos, evidenciando una falta de planificación y un enfoque centrado en la imagen más que en el impacto real. La incapacidad de la Alcaldía para implementar un sistema funcional, junto con la ausencia de transparencia sobre el manejo de los fondos recaudados, refuerza la desconfianza hacia la gestión municipal.
Un Afán Recaudatorio en Medio de la Crisis
El trasfondo del proyecto parece estar en la desesperada situación financiera de la Alcaldía. Fuentes locales indican que las recaudaciones municipales han caído estrepitosamente bajo la gestión de Astacio, lo que ha llevado a la administración a buscar nuevas fuentes de ingresos. El cobro de 1,000 pesos por el registro de motoconchos, con una meta de 60,000 registros que podría haber generado hasta 60 millones de pesos, se percibe como un intento de compensar esta crisis. Sin embargo, la falta de un sistema funcional y la ausencia de beneficios tangibles han convertido esta iniciativa en una carga para los motoconchistas, quienes ven el cobro como un robo descarado.
La opacidad en el manejo de los fondos recaudados es otro punto de controversia. La Alcaldía no ha presentado informes sobre el destino de los recursos ni ha aclarado quiénes son los responsables del desarrollo del sistema fallido. Esta falta de rendición de cuentas, sumada a los escándalos que han marcado la gestión de Astacio, refuerza la percepción de una administración que opera sin transparencia ni responsabilidad.
Impacto en los Motoconchistas y la Seguridad Ciudadana
Los motoconchistas, pilar de la economía informal en Santo Domingo Este, se sienten traicionados. Muchos pagaron el registro con la esperanza de obtener un seguro y una mayor formalización, pero ahora enfrentan un sistema inútil que no les ofrece protección ni beneficios. La inseguridad, que el proyecto buscaba combatir, sigue siendo una preocupación en barrios como Los Tres Brazos y Los Frailes, donde los atracos por falsos motoconchos persisten. La falta de un mecanismo efectivo para identificar a los conductores legítimos ha dejado a los ciudadanos tan vulnerables como antes, mientras los motoconchistas enfrentan el costo financiero y emocional de una estafa institucional.
